El Tribunal Constitucional ha ratificado su aval a la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género al rechazar seis cuestiones de inconstitucionalidad de varios juzgados españoles, que consideraban que la norma podría vulnerar el principio de igualdad al establecer penas más altas para el varón respecto a la mujer.
AmecoPress/Agencia
El ciclo de debates ‘Reflexiones para un mundo en cambio’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) analizará mañana los derechos de las mujeres y la diversidad cultural. El debate, moderado por la periodista Rosa María Calaf, tendrá lugar en el Salón de la Reina del Palacio de La Magdalena a partir de las 19.00 horas
La cita contará con la participación de la presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España (AMSE), Zahra R. Ahmed; la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria, Aurora Vázquez, y la antropóloga de la Universidad de Barcelona Dolores Juliano
La escritora y editora Laura Freixas ha asegurado que existe "un techo de cristal" que impide que muchas mujeres que escriben lleguen a publicar, y ha denunciado la existencia de "un mecanismo o filtro inconsciente que privilegia lo masculino y descarta lo femenino".
Apoya sus afirmaciones en los recientes datos del Ministerio de Cultura que indican que las mujeres leen más que los hombres, que hay igual número de hombres que de mujeres que escriben literatura -un 8% de la población- y que sólo un 20% de las obras publicadas en España son de mujeres
Por Melanie Schabauer, para leer la noticia completa, pinchad aqui
Estaba leyendo informes de Amnistia Internacional sobre la situacion de los Derechos Humanos en diferentes paises, y he llegado hasta el caso de Atenco en Méjico, que me interesa por varios motivos: el primero, por la sexualización de las agresiones y de la tortura institucionalizada, a manos de fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, y en segundo lugar, porque tiene relacion con la decision de España de limitar la jurisdicción universal (una superviviente era española y denunció ante la Audiencia Nacional en enero de 2008 en base al principio de justicia internacional).
Merece la pena destacar que la reciente limitación de los derechos contemplados en la legislación española no se encontraba prevista en ningún programa electoral, ni en ningún pacto de justicia entre los partidos mayoritarios, ni en ninguna agenda pública conocida.
A pesar de los informes negativos de distintas ONGs en contra de la decisión de limitar el alcance de la Jurisdiccion Universal, bien a personas que tengan la nacionalidad española, o bien a que el perpetrador del supuesto delito se encuentre en territorio español, la propuesta del Partido Popular (PP) se votó en el Congreso de los Diputados de acuerdo con los votos también favorables del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Habrá que esperar a su tramitacion en el Senado, pero la realidad es que a ellxs les ha faltado tiempo para archivar causas pendientes, como la investigación del ataque del ejercito de Israel a la franja de Gaza en la que murieron entre otrxs, 14 niñxs.
En el caso de Atenco, Cristina Valls, una de las 47 mujeres que fueron violadas y torturadas en mayo de 2006 por la policía mejicana, es española. El efectivo policial de San Salvador de Atenco, compuesto por 3 mil personas, se encargaba de sofocar una protesta campesina por la defensa de los derechos laborales que se saldó con la detención de 200 manifestantes.
Como nos explican en el Blog ATENCO SOMOS TODAS, en enero de 2008, Crisitina Valls y la ONG Women’s link Worldwide interpusieron una querella criminal ante la Audiencia Nacional por el crimen de tortura, violación y abusos sexuales, que fue asignada a Fernando Grande Marlaska. Tras consultar a las autoridades mexicanas, el magistrado decidió no admitir la denuncia con el argumento de que México ya estaba investigando, y al ser el país donde ocurrieron los hechos, tenía prioridad.
Women’s link Worldwide ha rodado un documental, que ya puede verse en su página Web, donde las mujeres relatan lo ocurrido en Atenco. La organización afirma que de las 47 mujeres que fueron detenidas y torturadas, hay casos especialmente graves, como los de 26 mujeres que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de violencia sexual, incluso violación y otras formas de agresión sexual y violencia.
JUSTICIA UNIVERSAL
Tras el rechazo de Conde Marlaska, Cristina Valls presentó a través de esta ONG un recurso de apelación argumentando que el delito de tortura es perseguido a nivel internacional, que concierne a la “justicia universal” y por lo tanto, la competencia mexicana para enjuiciar estos hechos debe considerarse “concurrente” con la jurisdicción española, es decir, puede juzgarse en los dos sitios a la vez porque la finalidad es que este tipo de delitos no queden impunes. Según la abogada responsable de la causa, Paloma Soria, el recurso de apelación señala que la jurisprudencia aplicable a casos de graves violaciones de derechos humanos señala como único límite para la investigación judicial el principio de “cosa juzgada”, que no se ha producido en este caso.
Por el contrario, explica Viviana Waisman, directora general de Women’s link Worldwide, las actuaciones policiales y judiciales mexicanas “han sido escasas, incompletas, opacas y claramente orientadas a garantizar la impunidad de las autoridades y mandos policiales implicados”, como ha quedado también patente en informes independientes, como los elaborados por Amnistía Internacional, y las constantes denuncias de las organizaciones mexicanas de derechos humanos.
Además, la respuesta del Gobierno mexicano informando de que había un proceso abierto en este país fue elaborada por la Procuraduría General de la República cuyo titular, Eduardo Medina Mora, es uno de los principales acusados porque era el responsable de las fuerzas federales cuando se cometieron los atropellos de Atenco.
Las demandantes quieren que se esclarezcan los hechos y se busquen a los culpables que están detrás del efectivo del equipo policial que intervino en la operación, que se juzgue a “los cargos que pensaron y dieron las órdenes” de actuación y en definitiva, “que se juzgue el crimen de tortura para que no quede impune”.
Dos años después, y a pesar de evidencia médica que apoya las declaraciones de las mujeres y los testimonios de otros testigos, la investigación llevada a cabo por las autoridades estatales solo resultó en cargos contra 21 policías. Los tribunales ya han exonerado a 15 de ellos. Sólo seis policías siguen procesados, cinco por abuso de autoridad y uno por “actos libidinosos”. Estos cargos menores no reflejan la gravedad de los actos de tortura cometidos ni el número de policías y oficiales involucrados directamente, o por negligencia, en estos crímenes. Además, más de 50 personas siguen enfrentando procesos por delitos relacionados con las manifestaciones del 3 y 4 de mayo 2006, trece de los cuales siguen detenidas. Amnistía Internacional ha expresado su gran preocupación por las serias irregularidades que han vulnerado el derecho a un juicio justo de los acusados.
La española Cristina Valls presentó el pasado 3 de marzo de 2009 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque la inadmisión de la querella que interpuso contra las autoridades mexicanas vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. La admisión del recurso supondría que es el primer caso de justicia universal que estudia el Alto Tribunal con posterioridad a la reforma que el Gobierno desea realizar.
Más información en Amnistía Internacional
Ha entrado en vigor en España desde ayer el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que constituye el primer texto internacional jurídicamente vinculante en esta materia y que da prioridad a la protección de las víctimas, a la prevención y a la persecución de los traficantes.
El tratado es aplicable a todas las víctimas de esta nueva forma de esclavitud (mujeres, hombres y niños) y a todos los tipos de explotación (sexual, laboral, servidumbre y extracción de órganos).
Entre estas medidas, destacan la asistencia médica y psicológica a las víctimas, protección de la vida privada y de la seguridad de éstas y la tipificación de la trata de seres humanos como delito.
También se establece la obligación de los países a expedir a las víctimas un permiso de residencia renovable.
El diario montañes, 2 de agosto de 2009
El SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) es uno de los ámbitos laborales más precarizados, alcanzando una tasa de temporalidad del 56% y de contratación parcial del 61% y una media salarial de 800 euros mensuales
Recientemente, bajo el titular de prensa: “Cuidadores sin estudios podrán tener un título oficial antes del verano”, se albergaban -supongo que bienintencionadas- muy desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno en relación a que las tareas realizadas en el hogar serán puerta de acceso -con todas las garantías y derechos- al mundo profesional y al mercado laboral. En concreto, se refería al desarrollo de la ley de dependencia y a la extensión de la educación de los 0 a 3 años. Y, más en concreto, se creaba la expectativa de que las mujeres del ámbito rural podrán crear cooperativas para llevar a cabo tareas como las del cuidado de menores y personas en situación de dependencia.
Ciertamente el “cuidado” de menores, mayores y personas con discapacidad en el seno de las familias ha sido rol asignado a las mujeres. Un esfuerzo que no cuenta con prestigio social, ni es valorado en términos económicos. Unas funciones que a lo largo de la historia han estado garantizadas a costa del “coste personal” de una inmensa mayoría de mujeres que no tuvieron opción a decidir. Por eso, vincular de manera directa las tareas de crianza realizadas de menores o las del cuidado de familiares enfermos o con discapacidad en el seno de las familias, con la profesionalización puede esconder muchas trampas. Dar por hecho que la “obligación” del cuidado se convierta ahora, de forma generalizada, en la mejor opción laboral, es dar carta de naturaleza a que las mujeres nacimos para el cuidado. Y es mantener el error de que las personas que necesitan la concurrencia de un tercero para realizar las actividades de la vida diaria, solo precisan de cuidados asistenciales.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es uno de los más valorados dentro del ámbito de los servicios sociales por las potencialidades que ofrece, tanto en cuanto a la posibilidad que da a las personas en situación de dependencia de permanencia en su propia casa y en su entorno social, como por el carácter integral que recoge su propia definición, incorporando funciones de carácter preventivo, promocional, rehabilitador y educativo, que se suman a las asistenciales. Sin embargo, en la práctica, este servicio se ha centrado mayoritariamente en la dimensión asistencial.
Ello obedece principalmente al abandono por parte de las administraciones de cara a establecer y ordenar la formación profesional reglada para este ámbito laboral. El resultado es que hay miles de mujeres que llevan años trabajando, formándose con más voluntad que medios y oportunidades reales para ello, que se han hecho profesionales trabajando en el día a día y que, sin embargo, aún no pueden disponer ni de una titulación acreditada, ni de un reconocimiento social. A fecha de hoy, los dispositivos formativos, para aquellas personas que quieran acceder profesionalmente al Servicio de Ayuda a Domicilio o a puestos de auxiliares en residencias, no están desplegados. El Servicio de Ayuda a Domicilio es uno de los ámbitos laborales más precarizados, alcanzando una tasa de temporalidad del 56% y de contratación parcial del 61% y una media salarial de 800 euros mensuales. Mucho tiene que ver en estas condiciones laborales la falta de impulso por parte de las administraciones para la profesionalización de este servicio público, a la vez que la privatización generalizada del mismo por parte de los ayuntamientos.
Las administraciones tienen el reto y la responsabilidad de garantizar que también en el ámbito rural existan servicios y equipamientos sociales para la atención de personas en situación de dependencia y para la educación infantil de 0-3 años. Pero esta responsabilidad no se dirime descargándola en las mujeres, abocándoles al autoempleo, designándoles su rol (ahora pseudoprofesional-empresarial), sin ofrecerles formación reglada para su cualificación profesional.
La calidad de los servicios sociales, la calidad del empleo, la responsabilidad pública y el desarrollo personal y profesional de las mujeres se entiende de otra manera en Comisiones Obreras.
Rosana Costa es secretaria confederal de Política Social de CCOO.
06-08-2009 -
MUJERES EN LA CIUDAD. De violencias y derechos
Ana Falú editora
Red Mujer y Hábitat, Ediciones SUR 2009
http://www.sitiosur.cl/r.php?id=902
www.sitiosur.cl
