El Defensor del Pueblo ha decidido iniciar de oficio una investigación ante el Ministerio de Sanidad y Consumo que analice las «extraordinarias dificultades» que, según algunas denuncias, existen para abortar en el sistema sanitario público. Ha reclamado además a Sanidad que garantice la práctica de la interrupción del embarazo en la comunidad de residencia de las mujeres que lo demanden.
Enrique Múgica, máximo responsable de la institución, ha ordenado iniciar esta investigación después de que se publicara una información según la cual sólo el 3 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en España se realizan en centros hospitalarios públicos.
La oficina del Defensor del Pueblo reconoce que esta cifra supone «que en la práctica totalidad de estos procedimientos se lleva a cabo en centros sanitarios del ámbito de la sanidad privada, ubicados, en no pocas ocasiones, en Comunidades Autónomas distintas a la residencia de las personas afectadas».
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha reclamado al titular de Sanidad que aborde la cuestión en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y a que «se adopten las medidas pertinentes que permitan garantizar a los usuarios del sistema público sanitario la atención en su comunidad de residencia y en los centros hospitalarios de referencia del Sistema Nacional de Salud».
El Diario Montañes, 2 de agosto de 2007
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