La demora para abortar en la sanidad pública puede llegar a dos meses en varias autonomías

Un informe denuncia la «profunda inequidad» regional en el acceso a la prestación legal

Según la región en la que viva, una mujer que pretenda abortar legalmente en un hospital público tendrá que elegir: o esperar entre 15 y 60 días en una situación que admite pocas demoras, o desistir y buscar ayuda por la vía privada, a veces fuera de su propia comunidad. Es lo que acaba haciendo el 97% de las españolas que interrumpen voluntariamente su gestación. Las carencias normativas de la ley del aborto de 1985, la falta de medios para garantizarles esta prestación sanitaria y la falta de voluntad política de algunos ejecutivos autonómicos y del Gobierno central provocan una gran disparidad territorial, amén de sufrimiento y perjuicios económicos a muchas mujeres. Cada año abortan en España algo más de 100.000.

Mapa de inequidad

El informe del Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) y las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, certifica lo ya sabido, que cada comunidad autónoma hace de su capa un sayo con el aborto. En cada una varía la información que los servicios sanitarios proporcionan a las mujeres, el cauce para abortar (centros públicos, conciertos con clínicas privadas o nada) y también el coste de la prestación. Algunas incluyen la interrupción del embarazo en su normativa sanitaria -Aragón, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Cataluña y Madrid-, otras no. Pero el que aparezca mencionado en la norma no garantiza el servicio.

Hay seis territorios que no tienen un solo centro público en el que se pueda abortar; son Navarra, Ceuta y Melilla, ambas Castillas, Extremadura y Murcia. Navarra tampoco tiene una sola clínica privada acreditada para practicar abortos legales y sus mujeres se ven forzadas a emigrar a otras comunidades, a pesar de que Navarra ha más que duplicado el número de abortos por cada mil mujeres entre 1996 y 2005. «No existe una regulación común a todo el Estado», señaló Marta O'Kelly, directora del GIE. Esta falta de criterios únicos da como resultado «mujeres desinformadas y desatendidas» que, en muchos casos, se ven obligadas a recurrir a las clínicas privadas en su comunidad o en otras, y pagar de su bolsillo los entre 350 y 400 euros que cuesta una interrupción de embarazo antes de las 12 primeras semanas, el 90% del total de intervenciones.

Fuente:el diario montañes, 13 de junio de 2008