Poner en valor a las mujeres y al trabajo

El SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) es uno de los ámbitos laborales más precarizados, alcanzando una tasa de temporalidad del 56% y de contratación parcial del 61% y una media salarial de 800 euros mensuales

Recientemente, bajo el titular de prensa: “Cuidadores sin estudios podrán tener un título oficial antes del verano”, se albergaban -supongo que bienintencionadas- muy desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno en relación a que las tareas realizadas en el hogar serán puerta de acceso -con todas las garantías y derechos- al mundo profesional y al mercado laboral. En concreto, se refería al desarrollo de la ley de dependencia y a la extensión de la educación de los 0 a 3 años. Y, más en concreto, se creaba la expectativa de que las mujeres del ámbito rural podrán crear cooperativas para llevar a cabo tareas como las del cuidado de menores y personas en situación de dependencia.

Ciertamente el “cuidado” de menores, mayores y personas con discapacidad en el seno de las familias ha sido rol asignado a las mujeres. Un esfuerzo que no cuenta con prestigio social, ni es valorado en términos económicos. Unas funciones que a lo largo de la historia han estado garantizadas a costa del “coste personal” de una inmensa mayoría de mujeres que no tuvieron opción a decidir. Por eso, vincular de manera directa las tareas de crianza realizadas de menores o las del cuidado de familiares enfermos o con discapacidad en el seno de las familias, con la profesionalización puede esconder muchas trampas. Dar por hecho que la “obligación” del cuidado se convierta ahora, de forma generalizada, en la mejor opción laboral, es dar carta de naturaleza a que las mujeres nacimos para el cuidado. Y es mantener el error de que las personas que necesitan la concurrencia de un tercero para realizar las actividades de la vida diaria, solo precisan de cuidados asistenciales.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es uno de los más valorados dentro del ámbito de los servicios sociales por las potencialidades que ofrece, tanto en cuanto a la posibilidad que da a las personas en situación de dependencia de permanencia en su propia casa y en su entorno social, como por el carácter integral que recoge su propia definición, incorporando funciones de carácter preventivo, promocional, rehabilitador y educativo, que se suman a las asistenciales. Sin embargo, en la práctica, este servicio se ha centrado mayoritariamente en la dimensión asistencial.
Ello obedece principalmente al abandono por parte de las administraciones de cara a establecer y ordenar la formación profesional reglada para este ámbito laboral. El resultado es que hay miles de mujeres que llevan años trabajando, formándose con más voluntad que medios y oportunidades reales para ello, que se han hecho profesionales trabajando en el día a día y que, sin embargo, aún no pueden disponer ni de una titulación acreditada, ni de un reconocimiento social. A fecha de hoy, los dispositivos formativos, para aquellas personas que quieran acceder profesionalmente al Servicio de Ayuda a Domicilio o a puestos de auxiliares en residencias, no están desplegados. El Servicio de Ayuda a Domicilio es uno de los ámbitos laborales más precarizados, alcanzando una tasa de temporalidad del 56% y de contratación parcial del 61% y una media salarial de 800 euros mensuales. Mucho tiene que ver en estas condiciones laborales la falta de impulso por parte de las administraciones para la profesionalización de este servicio público, a la vez que la privatización generalizada del mismo por parte de los ayuntamientos.

Las administraciones tienen el reto y la responsabilidad de garantizar que también en el ámbito rural existan servicios y equipamientos sociales para la atención de personas en situación de dependencia y para la educación infantil de 0-3 años. Pero esta responsabilidad no se dirime descargándola en las mujeres, abocándoles al autoempleo, designándoles su rol (ahora pseudoprofesional-empresarial), sin ofrecerles formación reglada para su cualificación profesional.

La calidad de los servicios sociales, la calidad del empleo, la responsabilidad pública y el desarrollo personal y profesional de las mujeres se entiende de otra manera en Comisiones Obreras.

Rosana Costa es secretaria confederal de Política Social de CCOO.

06-08-2009 -