Estaba leyendo informes de Amnistia Internacional sobre la situacion de los Derechos Humanos en diferentes paises, y he llegado hasta el caso de Atenco en Méjico, que me interesa por varios motivos: el primero, por la sexualización de las agresiones y de la tortura institucionalizada, a manos de fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, y en segundo lugar, porque tiene relacion con la decision de España de limitar la jurisdicción universal (una superviviente era española y denunció ante la Audiencia Nacional en enero de 2008 en base al principio de justicia internacional).
Merece la pena destacar que la reciente limitación de los derechos contemplados en la legislación española no se encontraba prevista en ningún programa electoral, ni en ningún pacto de justicia entre los partidos mayoritarios, ni en ninguna agenda pública conocida.
A pesar de los informes negativos de distintas ONGs en contra de la decisión de limitar el alcance de la Jurisdiccion Universal, bien a personas que tengan la nacionalidad española, o bien a que el perpetrador del supuesto delito se encuentre en territorio español, la propuesta del Partido Popular (PP) se votó en el Congreso de los Diputados de acuerdo con los votos también favorables del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Habrá que esperar a su tramitacion en el Senado, pero la realidad es que a ellxs les ha faltado tiempo para archivar causas pendientes, como la investigación del ataque del ejercito de Israel a la franja de Gaza en la que murieron entre otrxs, 14 niñxs.
En el caso de Atenco, Cristina Valls, una de las 47 mujeres que fueron violadas y torturadas en mayo de 2006 por la policía mejicana, es española. El efectivo policial de San Salvador de Atenco, compuesto por 3 mil personas, se encargaba de sofocar una protesta campesina por la defensa de los derechos laborales que se saldó con la detención de 200 manifestantes.
Como nos explican en el Blog ATENCO SOMOS TODAS, en enero de 2008, Crisitina Valls y la ONG Women’s link Worldwide interpusieron una querella criminal ante la Audiencia Nacional por el crimen de tortura, violación y abusos sexuales, que fue asignada a Fernando Grande Marlaska. Tras consultar a las autoridades mexicanas, el magistrado decidió no admitir la denuncia con el argumento de que México ya estaba investigando, y al ser el país donde ocurrieron los hechos, tenía prioridad.
Women’s link Worldwide ha rodado un documental, que ya puede verse en su página Web, donde las mujeres relatan lo ocurrido en Atenco. La organización afirma que de las 47 mujeres que fueron detenidas y torturadas, hay casos especialmente graves, como los de 26 mujeres que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de violencia sexual, incluso violación y otras formas de agresión sexual y violencia.
JUSTICIA UNIVERSAL
Tras el rechazo de Conde Marlaska, Cristina Valls presentó a través de esta ONG un recurso de apelación argumentando que el delito de tortura es perseguido a nivel internacional, que concierne a la “justicia universal” y por lo tanto, la competencia mexicana para enjuiciar estos hechos debe considerarse “concurrente” con la jurisdicción española, es decir, puede juzgarse en los dos sitios a la vez porque la finalidad es que este tipo de delitos no queden impunes. Según la abogada responsable de la causa, Paloma Soria, el recurso de apelación señala que la jurisprudencia aplicable a casos de graves violaciones de derechos humanos señala como único límite para la investigación judicial el principio de “cosa juzgada”, que no se ha producido en este caso.
Por el contrario, explica Viviana Waisman, directora general de Women’s link Worldwide, las actuaciones policiales y judiciales mexicanas “han sido escasas, incompletas, opacas y claramente orientadas a garantizar la impunidad de las autoridades y mandos policiales implicados”, como ha quedado también patente en informes independientes, como los elaborados por Amnistía Internacional, y las constantes denuncias de las organizaciones mexicanas de derechos humanos.
Además, la respuesta del Gobierno mexicano informando de que había un proceso abierto en este país fue elaborada por la Procuraduría General de la República cuyo titular, Eduardo Medina Mora, es uno de los principales acusados porque era el responsable de las fuerzas federales cuando se cometieron los atropellos de Atenco.
Las demandantes quieren que se esclarezcan los hechos y se busquen a los culpables que están detrás del efectivo del equipo policial que intervino en la operación, que se juzgue a “los cargos que pensaron y dieron las órdenes” de actuación y en definitiva, “que se juzgue el crimen de tortura para que no quede impune”.
Dos años después, y a pesar de evidencia médica que apoya las declaraciones de las mujeres y los testimonios de otros testigos, la investigación llevada a cabo por las autoridades estatales solo resultó en cargos contra 21 policías. Los tribunales ya han exonerado a 15 de ellos. Sólo seis policías siguen procesados, cinco por abuso de autoridad y uno por “actos libidinosos”. Estos cargos menores no reflejan la gravedad de los actos de tortura cometidos ni el número de policías y oficiales involucrados directamente, o por negligencia, en estos crímenes. Además, más de 50 personas siguen enfrentando procesos por delitos relacionados con las manifestaciones del 3 y 4 de mayo 2006, trece de los cuales siguen detenidas. Amnistía Internacional ha expresado su gran preocupación por las serias irregularidades que han vulnerado el derecho a un juicio justo de los acusados.
La española Cristina Valls presentó el pasado 3 de marzo de 2009 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque la inadmisión de la querella que interpuso contra las autoridades mexicanas vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. La admisión del recurso supondría que es el primer caso de justicia universal que estudia el Alto Tribunal con posterioridad a la reforma que el Gobierno desea realizar.
Más información en Amnistía Internacional
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