El urbanismo en la construcción de la equidad de género

El urbanismo en la construcción de la equidad de género 20.3.2007

El espacio urbano también puede ser discriminatorio hacia la mujer. Al menos así lo plantea un estudio reciente que advierte cómo una planificación restrictiva de las ciudades acentúa las diferencias de género, especialmente en los países en desarrollo. Según esta perspectiva, la participación activa de las mujeres en las decisiones sobre la ciudad, medio ambiente y desarrollo social pueden contribuir al cambio.

Según el estudio El hábitat como variable en las políticas públicas de superación de la pobreza, planificar ciudades sobre la base de la equidad de género no sólo puede minimizar las desventajas de las mujeres frente a los varones, también admite una variable en políticas públicas para combatir la pobreza. En este documento, su autora, Alejandra Tolosa, explica en primer lugar que la planificación urbana se ha basado en la división sexual del trabajo, donde la mujer tiene destinado un rol reproductivo y está a cargo del quehacer doméstico: nutrición y educación de niños y niñas, cuidado de los enfermos y enfermas, abastecimiento del hogar, entre otros.

Sin embargo, desde su incorporación masiva al trabajo remunerado, tras la revolución industrial, también se encarga de la generación de recursos. “En los países en desarrollo –explica la autora--, la estructura de la ciudad no asimiló esa transformación, obstaculizando los derechos de ciudadanía de las mujeres”. Como las mujeres continúan siendo las responsables principales de las ocupaciones privadas no remuneradas, cuando participan en un mercado laboral que frente a la liberación económica y flexibilización del trabajo las considera mano de obra barata, se deteriora severamente la calidad de sus vidas. Además, dichas circunstancias suponen mayor cantidad de horas diarias trabajadas, mientras que plantean dificultades de ingreso y permanencia en el empleo, impactando en sus posibilidades de obtención de ingresos.Dado ese marco, la actual planificación urbana, al organizarse el tiempo y espacio, impide a las mujeres compatibilizar funciones en la casa y el trabajo, comprometiendo sus posibilidades de movilidad, entre otras actividades. Es que la localización de la vivienda, el empleo y las diligencias domésticas suponen largos desplazamientos con costos económicos significativos, mayor insumo de tiempo e incremento en el esfuerzo físico.

Se suman las consecuencias del mal funcionamiento de las ciudades como las dificultades para acceder a vivienda y servicios –en espacial desde que éstos se privatizaron–, y vulnerabilidad a la violencia. La violencia ejerce un efecto de restricción en el acceso, uso y apropiación de la ciudad por parte de sus habitantes y en especial de las mujeres. Asimismo, frente a la subestimación de la violencia que enfrentan, la población femenina suele modificar su rutina, restringiendo el uso y apropiación de la ciudad, situaciones que atentan directamente contra la igualdad de oportunidades de ejercer sus derechos y participar en la vida pública.No obstante, este estudio revela que “desde el urbanismo es posible aportar a ciudades más seguras, teniendo en cuenta los requerimientos que el espacio público debe cumplir para promover la seguridad de las personas y de las mujeres en particular”. La planificación de los usos del territorio en la ciudad tiene que posibilitar diversas formas de control social, por ejemplo, ser vistos y oídos en caso de requerir ayuda, señalizando los lugares, garantizando la iluminación, ubicando adecuadamente la forestación, tratando los baldíos y lugares de ingresos.

También debe promoverse “el uso residencial misturado con otros usos comerciales, recreativos o administrativos, ya que garantizan mayor vida social que aquellas áreas que permanecen desoladas después de determinadas horas”.En otro orden, Tolosa reconoce que, en los últimos años, la lucha de organizaciones de mujeres y feministas hizo posible la incorporación en Argentina, como objeto de política pública, la violencia sufrida por las mujeres en el espacio familiar privado. Ejemplo de ello es la Ley Nacional contra la violencia familiar (Ley 24174, sancionada en 1994).

Reproducir o promover cambios

En América Latina, 66,2 por ciento del total de la población pobre vive en zonas urbanas, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La segregación y polarización caracterizan a esa región: por un lado un porcentaje de la población accede a los beneficios de la ciudad, con mejores condiciones ambientales y provisión de servicios, mientras que por el otro, una amplia cantidad de pobres residen en áreas donde la infraestructura es escasa y los servicios deficientes, situación que los excluye y limita en sus derechos de ciudadanía.Tal inequidad refuerza la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de aquellas que son pobres, pues se está obstaculizando el acceso a la salud, educación, trabajo, relaciones sociales, ingresos, participación pública, esparcimiento, etc. Concretamente, “se están negando sus derechos a la autonomía, a mejores oportunidades de inserción social, al descanso, a la recreación, a circular por una ciudad segura sin violencia de género”, señala el estudio.

El documento concluye entonces que la organización físico espacial de la ciudad contribuye a reproducir o promover cambios en las situaciones de vulnerabilidad de los pobres y particularmente de las mujeres. En tanto, expertos en Pobreza y Género de CEPAL coinciden en que actualmente la gestión de políticas de combate contra la pobreza carece de análisis de equidad, situación que tiende a perpetuar el flagelo. Como variable para combatir la pobreza, el planeamiento urbano, entonces, además de una distribución equitativa del presupuesto en el territorio, exige la participación activa de las mujeres en las decisiones sobre la ciudad, medio ambiente y de desarrollo local. No como sector vulnerable sino como ciudadanas con derechos a exigir políticas que respondan a sus intereses. Frente a este debate, CEPAL reforzó la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todas los ámbitos institucionales, articulando las políticas de superación de la pobreza con políticas de equidad de género.

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