¿SON PUTAS PORQUE QUIEREN?

Del burdel al piso patera

El sueño de un mundo mejor se convierte en trágico destino. La Policía Nacional calcula que la red de trata de mujeres que lleva más de un año investigando y cuya práctica desarticulación fue hecha pública ayer puede haber esclavizado a más de 400 ciudadanas rusas repartidas en clubs de alterne de toda España. Tratadas como mercancía, las víctimas se hacinaban en pisos donde debían permanecer siempre en silencio para no alertar al vecindario. Si rompían esa u otras normas de confinamiento eran multadas.

Uno de los agentes de la investigación localizó en uno de los pisos un papel escrito en ruso. Cuando pudo traducirse, descubrió que se trataba de una suerte de ordenanzas criminales a las que las mujeres debían ceñirse si no querían ser multadas, en una pirueta macabra de doble explotación.

Transgredir esas normas comportaba el pago de entre 300 y 1.000 euros a la organización que las tenía en un estado de semicautiverio. Las víctimas no podían abandonar de ninguna manera la ciudad o población donde estaban confinadas si no avisaban con 24 horas de antelación y siempre acompañadas de alguien de la confianza de la red. Los pisos, algunos de tres habitaciones en los que llegaba a haber 14 camas, debían estar siempre perfectamente limpios.

Las mujeres debían asegurarse de que los pisos quedaban cerrados cuando los abandonaban para ir a los clubs. Una serie de vigilantes, algunos dormían en camastros en aparcamientos del mismo inmueble en el que las víctimas permanecían encerradas. No podían salir a la calle fuera de las horas que pasaban en los locales de alterne si no era acompañadas de uno de estos vigilantes o de alguna gobernanta de confianza de la red. Se sabe que las mujeres debían abonar a la red que las explotaba el 50% de los ingresos generados por la práctica de la prostitución.

Las mujeres abandonaban las abarrotadas viviendas cuando una furgoneta de la organización las venía a recoger. Las llevaban a diferentes clubs. Este procedimiento se repetía en lugares como El Ejido, Roquetas de Mar, Motril, Madrid, Lleida o Mollerussa en las diferentes fases de la investigación que, aunque iniciada en 2006, tuvo dos oleadas anteriores de detenciones situadas en abril y junio del pasado año. Aunque se considera que la organización está seriamente debilitada, fuentes de la investigación no descartaban ayer nuevas detenciones. En muchos casos, los explotadores eran parejas o matrimonios mixtos. El marido, español, y la esposa, rusa. Él gestionaba los locales y ella se encargaba de dirigir a las mujeres y de tareas de captación. A menudo, caían en Rusia en la trampa de ofertas de agencias de viajes o de modelos con atrayentes ofertas de trabajo. El destino, al final, era un pequeño piso patera y su trabajo, un puesto en un burdel.

La policía calcula que la organización, que enviaba periódicamente dinero a Rusia, pudo obtenido beneficios superiores a los dos millones de euros. La mayoría de las 400 víctimas regresarán a su país. España acabará deportándolas a todas porque no tienen papeles de residencia. Sólo unas pocas, decididas a declarar como testigos protegidos, podrían obtener la residencia. Sólo dos o tres lo conseguirán.

La mayor preocupación de las organizaciones dedicadas a la reinserción de mujeres prostituidas es conseguir identificar a las víctimas. Es decir, que las víctimas admitan que lo son y denuncien. La mayoría de las liberadas –o mejor dicho, detenidas por infringir la ley de extranjería– en la última operación policial dirán que han venido porque han querido. A quién le extraña. ¿Acaso se
puede esperar que en un primer contacto con una persona que habla otro idioma, ha sido violada y amenazada y teme por su familia, como es el caso de las rusas, se presente una denuncia? España ni siquiera ha traspuesto la directiva europea sobre permisos de residencia para víctimas que colaboran con las autoridades. Ni cuenta con un estatuto de protección.

Ni ha habilitado plazos de reflexión para que estas personas puedan informarse y decidir si denunciar o no. Así que no denuncian. Y por mucho que la policía sospeche de su vulnerabilidad, se quedan sin protección y con un expediente de expulsión. Pero la mayoría se quedan y, para enviar dinero a casa, vuelven a prostituirse. La clave es la voluntad política, comentaba a este diario Gentiana Susaj, coordinadora de la Red Española contra la Trata de Personas. El Plan de Acción contra la trata, que recomendó hace años la comisión mixta de prostitución, no está listo ni se ha compartido borrador con la sociedad civil. La clave es el deber ético, añadían desde la Plataforma para la Abolición de la Prostitución. Sí, dado que son hombres de estas sociedades los que consumen a esas mujeres.

La vanguardia, miercoles 9 de abril de 2008